Comisiones Obreras de Andalucía | 20 abril 2024.

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    La futura Ley Audiovisual debe conjugar la defensa del servicio público y los derechos laborales

    • El sindicato se muestra favorable a una Norma que regule el sector audiovisual en Andalucía “siempre que con ella se garantice que prevalecerá la función social de los
    • El sindicato reivindica en su comparecencia el desarrollo de un ‘Estatuto del comunicador’ para que junto a los convenios “se proteja la libertad e independencia en el ejercicio de informar frente a empresas y poderes políticos o económicos”

    27/03/2018.
    CCOO reivindica una Ley Audiovisual que conjugue servicio público y empleo de calidad

    CCOO reivindica una Ley Audiovisual que conjugue servicio público y empleo de calidad

    CCOO ha dejado claro que desde el principio de los trabajos llevados a cabo en la Mesa de Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual, ha sido favorable a una regulación del sector, “siempre y cuando la Norma, de manera efectiva y real, garantice la defensa del servicio público frente a las externalizaciones y privatizaciones para avanzar y consolidar un nuevo modelo de radio, televisión y nuevos medios de comunicación que cumpla con sus funciones de servicio público de calidad en la programación, y con los derechos laborales de todas las personas trabajadoras que participan en el proceso productivo de la comunicación social”.

    En ese sentido, el sindicato ha defendido en su comparecencia el carácter de servicio público de la radio televisión de Andalucía y el modelo de gestión directa en su prestación. “Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental como instrumento de participación, más aún en el caso de los medios de titularidad pública, que deben velar por la objetividad, pluralidad y el fácil acceso a los mismos por parte de las distintas entidades que vertebran la sociedad”.

    Unido a ello, CCOO viene reivindicando la necesidad de trabajar por unos medios públicos de comunicación “al servicio del interés general, independientes, neutrales, plurales, objetivos, veraces, y comprometidos con el mantenimiento del empleo”. Precisamente con tal objetivo, el sindicato ha pedido que se desarrolle un ‘Estatuto del comunicador’, que pueda servir de referencia a medios audiovisuales públicos y privados, y “junto a los convenios proteja el libre ejercicio del informador o informadora reforzando su profesionalidad y consiguientemente su independencia frente a empresas y poderes políticos o económicos”.

    El sindicato considera que se ha perdido una buena oportunidadpara que, desde el ámbito andaluz, se establezcan los derechos y obligaciones de las personas trabajadoras de este sector, y se les salvaguarde en el libre ejercicio profesional, blindando a los y las profesionales del intrusismo y de las posibles injerencias de los poderes económicos y políticos, y aboga porque la futura Ley “blinde” la gestión directa de los servicios públicos de radiodifusión y comunicación frente a las externalizaciones, dotando además de más competencias al Consejo Audiovisual, e incidiendo en la cantidad de RTV locales (públicas y privadas) existentes en Andalucía. “El gobierno andaluz está actuando con cierta tibieza en este asunto y eso es algo que debe revertirse”, afirman desde CCOO.

    Igualmente, el sindicato ha reclamado al gobierno que la Ley contemple la implantación de cláusulas sociales en la adjudicación de licencias sobre empleo y temporalidad y potencie la formación de los trabajadoras y trabajadoras.

    Por último, ha solicitado en su comparecencia que el gobierno andaluz proteja el servicio que se presta para conformar conciencia crítica en la ciudadanía; proteja a los colectivos y grupos más vulnerables (menores, diversidad funcional, distintos grupos étnicos, etc.) y abarque la pluralidad social existente en Andalucía. “Además de concretar y vigilar los contenidos en horario infantil, planteamos fuertes sanciones a la emisión de contenidos machistas o violentos contra la mujer y la necesidad de garantizar la existencia de un canal 100 por cien en lengua de signos en el ámbito público, tal y como hay hoy día”.

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