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La precariedad laboral sigue siendo la norma en el mercado laboral malagueño

    Aumento de 30 personas paradas más que en enero nos confirma que quedan aún muchas cuestiones las que hay que cambiar para que Málaga pueda desarrollarse. La precariedad y la temporalidad, no debe ser la seña de identidad del empleo malagueño

    02/03/2018.

    Febrero ha sido un mes algo más favorable en materia de empleo, en años anteriores. Este año ha aumentado el número de personas paradas en 30 personas. Continuamos con 159.812 personas paradas”.

    El 60% de las personas paradas son mujeres. Incluso sería muy superior, si se contabilizaran aquellas mujeres que quisieren acceder a un empleo, pero cuyas cargas familiares, le impiden plantearse la posibilidad de ejercer una profesión.

    La precariedad y la temporalidad en el empleo es una pésima tarjeta de visita para nuestra provincia. La escasa generación de empleo, que se produce prácticamente en épocas estivales y periodos vacacionales, sigue siendo precaria, temporal y a tiempo parcial. A este empleo acceden las personas cuyos recursos no cubren las mínimas necesidades: población en riesgo de exclusión, jóvenes que no pueden independizarse por falta de recursos, mayores de 45 años, con difícil incorporación al mundo del trabajo y mujeres. La precariedad y temporalidad, utiliza la vulnerabilidad y necesidad de las personas. Usa a los trabajadores y trabajadoras, durante un corto periodo y los vuelve a expulsar del mercado de trabajo, una y otra vez..

    En este mes de septiembre, ha aumentado el empleo de autónomos, favorecido por las bonificaciones y la proliferación de falsos autónomos que son instrumentalizados por las empresas para evitar que puedan tener cualquier derecho laboral.

    El sector productivo malagueño es de bajo valor añadido, y desde las administraciones debe potenciarse su mejora. De los 58.102 contratos realizados, más de 53 mil son temporales, manteniéndose ésta en el 92% y el 43% son contratos a tiempo parcial. La precariedad sigue siendo la norma.

    El abuso en la utilización de los contratos de formación y aprendizaje. Fomentados tras la reforma laboral y con altos datos en 2017, está suponiendo un detrimento de ingresos en la seguridad social de 1.893 millones de euros entre bonificaciones y costes de formación, que bien pudiera haber sido la revalorización del IPC en las pensiones, en lugar de servir para aumentar los beneficios empresariales y la rotación de plantilla. Nuestra organización defiendo la formación vinculada al empleo, no como sistema de rotación de trabajadores y trabajadoras y ahorro de costes empresariales.

    Proponemos mejorar la negociación colectiva, para potenciar la inclusión de las personas en riesgo, generar empleo estable, mejorar de los salarios, e incorporar a mujeres, también en los niveles más altos que es donde más brecha salarial es mayor. Es responsabilidad de las administraciones potenciar un empleo estable y de calidad, empezando por ellas mismas, sus empresas públicas y externalizaciones de servicios.

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