Comisiones Obreras de Andalucía | 25 abril 2024.

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    Los datos de siniestralidad laboral son un “escándalo”

    • 101 trabajadores fallecidos en accidente laboral en 2016 y 32 en lo que va de año
    • La reforma laboral ha instaurado el miedo en el mundo del trabajo
    • Carbonero: ponemos cientos de denuncias y a la mayoría no va la inspección de trabajo

    28/04/2017.

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    Vidán, Carbonero, Castila y Bautista en la concentración de Sevilla

    Vidán, Carbonero, Castila y Bautista en la concentración de Sevilla

    Reforma laboral, pasividad de los gobiernos e impunidad empresarial son un cóctel molotov que han dado como resultado 101 personas trabajadoras fallecidas en 2016 y 32 en lo que va de año.

    Coincidiendo con el 28 de abril, día internacional de la salud y la seguridad en el Trabajo, CCOO ha llevado a cabo concentraciones en todas las provincias andaluzas bajo el lema ‘La discriminación nos daña’, para reivindicar más prevención, más acción de los gobiernos y menos impunidad empresarial.

    El secretario general de CCOO de Andalucía, Francisco Carbonero, que ha estado presente en la concentración de Sevilla junto a su homólogo en la provincia, Alfonso Vidán y a los secretarios de Salud Laboral del sindicato Nuria Martínez y Carlos Aristu, ha afirmado que la situación del mundo del trabajo es “un escándalo” y ha responsabilizado a la reforma laboral de ello ya que, en su opinión, ha generado un estado del miedo. “Qué trabajador va a reivindicar medidas de prevención con un contrato de horas o de días”, se ha preguntado Carbonero, al tiempo que ha lamentado que muchos de ellos anteponen llevar un sueldo a sus casas a su vida ante el temor a ser despedidos.

    El líder sindical ha reclamado asimismo una mayor actuación de la inspección de trabajo “hay un claro afán por recaudar más que por prevenir y aunque ponemos cientos de denuncias a la mayoría no acude la inspección”, se lamenta Carbonero.

    Por otra parte, el dirigente de CCOO ha insistido en la “mala praxis y abuso” de las mutuas que, además de forzar altas en personas trabajadoras que aún no se han recuperado, derivan de manera constante al sistema público de salud a trabajadores de cuyas dolencias tienen que hacerse cargo la empresa-mutua. “Esa situación cada vez más generalizada y favorecida aún más por la reforma de la Ley de Mutuas, supone un gasto de 500 millones de euros anuales a la sanidad pública que no le corresponde asumir”.

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