Comisiones Obreras de Andalucía | 29 marzo 2024.

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    El proyecto de Ley sobre Discapacidad requiere de mayor concreción para ser eficaz

    • Para que las personas con discapacidad alcancen una “vida independiente”, se requiere como condiciones esenciales el desarrollo de la promoción y protección de los derechos de igualdad de oportunidades y no discriminación que es uno de los mas enunciativos y menos desarrollados del proyecto de Ley

    06/02/2017.
    Imagen de archivo

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    El sindicato ha comparecido en el Parlamento para exponer su opinión ante el ‘Proyecto de Ley de los derechos y la atención a las personas con discapacidad’, y ha valorado positivamente la iniciativa política de abordar la regulación de esta materia, destacando que a lo largo del proceso de tramitación de esta Ley se han recogido bastantes de las propuestas tanto de CCOO como del Consejo Económico y Social. Entre ellas, el sindicato ha hecho referencia a la legislación sobre lengua de signos, aspectos ligados a la igualdad de género, al empleo, la tímida ampliación de la participación social o la garantía del acceso a una educación inclusiva permanente.

    No obstante, tras esa primera valoración, y en lo que respecta al contenido del documento, la central ha sido más crítica y ha lamentado que el documento “sea poco concreto y falto de compromisos”. “Parece más una declaración de intenciones y una recopilación de regulaciones estatales, que una norma jurídica autonómica para regular derechos, establecer criterios y medidas de aplicación propias”.

    En ese sentido, CCOO ha explicado que para que las personas con discapacidad alcancen una “vida independiente”, se requiere como condiciones esenciales el desarrollo de la promoción y protección de los derechos de igualdad de oportunidades y no discriminación que es uno de los mas enunciativos y menos desarrollados del proyecto de Ley.

    Junto a estos, el sindicato considera “prioritarios” los aspectos educativos, los de acceso al empleo, los relativos a los servicios sociales y la accesibilidad en general. “El acceso a la formación y a la educación es primordial para el desarrollo personal y profesional de cualquier persona, por lo que entendemos que el Proyecto de Ley debería mejorarlo impulsando la adaptación y accesibilidad en todos los niveles, especialmente en los no obligatorios, incidiendo, en especial, en lo referente al uso de la lengua de signos y otros lenguajes y métodos de comunicación. Para, eso, -añade-, es necesario el compromiso de incluir suficiente profesorado de apoyo y personal educativo complementario”.

    En lo que respecta al empleo, CCOO ha dejado claro en su comparecencia que “es esencial que las personas con discapacidad puedan acceder a un empleo digno y de calidad”. “Valoramos que se establezca en el texto de la norma la necesidad de disponer de un Plan de Empleabilidad de las personas con discapacidad, al tiempo que entendemos prioritario, a la vez que necesario, desarrollar el Plan de Acción Integral para las personas con discapacidad, para dar continuidad a una política propia de la Comunidad Autónoma Andaluza, que ha tenido unos resultados satisfactorios”.

    El sindicato ha saludado en este punto que se haya establecido un plazo para la elaboración de ambos planes, pero ha matizado que “debería establecerse un compromiso sobre la evaluación y el seguimiento, de ambos, de forma periódica, al menos, con una periodicidad de un año”.

    Por otra parte, ha criticado que no se contemple el reforzamiento del control de las condiciones de trabajo por parte de la autoridad laboral de Andalucía, “para evitar la explotación laboral de las personas con discapacidad”, y ha mostrado incertidumbre ante la introducción de los conciertos sociales como forma de contratación de servicios por parte de la administración, al margen de la normativa de contratación del sector público, “no compartimos que la externalización de servicios públicos se realice al margen de los requisitos de la contratación del sector público”.

    Por último, ha exigido una dotación suficiente de medios económicos, humanos, materiales, infraestructuras y servicios que permitan a las personas con discapacidad disfrutar de una ciudadanía plena. “Todo esto por tanto deberá reflejarse en los presupuestos de la Junta de Andalucía”.