Comisiones Obreras de Andalucía | 24 abril 2024.

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    Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, imperiosa necesidad

    • "Ahora que se han publicado las bases de convocatoria, el siguiente paso es publicar las resoluciones de convocatoria y, el gobierno andaluz, que eso sí es competencia suya, tiene que acortar los plazos"

    13/06/2016.

    La reactivación de la Formación Profesional para el Empleo (FPE) después de cuatro años de parálisis es, sin duda, una buena noticia y, sobre todo, esperada por aquellos que han sufrido su ausencia, trabajadores y trabajadoras desempleados y ocupados a los que se les ha impedido ejercer su derecho a la formación, reconocido en la Constitución y en el Estatuto de los Trabajadores, además de en diversas normas estatales; la última, la LEY 30/2015 que regula el sistema de FPE en el ámbito laboral.

    Sin embargo, esa primera piedra que se ha puesto para reactivar la FPE en Andalucía con la publicación de las bases para convocarla, no deja de ser una transposición normativa de la citada Ley o, lo que es lo mismo, que lo que el gobierno andaluz vende a bombo y platillo como un nuevo modelo de FPE no es nada esencialmente nuevo, que no esté regulado ya a nivel estatal, puesto que las competencias normativas son exclusivas del Estado al ser materia laboral, y las comunidades autónomas sólo tienen competencias de ejecución.

    Lo que sí es responsabilidad del gobierno andaluz es la inaplicación de esas normas básicas que ha impedido la cualificación y recualificación de miles de personas, su inserción laboral, el mantenimiento del empleo o su promoción profesional. Una parálisis que también ha limitado la capacidad de mejorar la competitividad de nuestras empresas durante cuatro años en unos momentos en los que tenemos las mayores tasas de desempleo y precariedad unido a un tejido empresarial con unas cotas de competitividad por debajo de la media española.

    Por otra parte y fruto igualmente de esa inactividad, ha sido la pérdida de más de ochocientos millones de euros procedentes de la cuota del 0,1% que cada mes destinan los trabajadores de sus salarios a la formación profesional, y del 0,6% en el caso de las empresas. Al ser fondos finalistas y no haberse ejecutado por el gobierno andaluz, ese dinero está en manos del Estado pero ni ha revertido en la formación de los trabajadores ni se suma a los presupuestos del siguiente año para tal fin, por lo que, desde luego, no estamos ante una cuestión que deba ser motivo de orgullo del gobierno andaluz.

    Junto a esto, la parálisis de la FPE ha supuesto el cierre de casi todas las empresas andaluzas de formación, dejando en paro a miles de formadores, formadoras y técnicos, por lo que la humildad tendría que estar más presente en el tratamiento que le está dando el gobierno a la noticia.

    Y es que si Andalucía ha llegado a esta situación de parálisis en Políticas Activas de Empleo, de la que la formación es un pilar fundamental, ha sido, por un lado, debido al gran error de la Junta al traspasar las competencias de la FPE a la Consejería de Educación, que tuvo como consecuencia que estuviera en terreno de nadie durante dos años; la vuelta de las competencias a la Consejería de Empleo, supuso otro año de parón; mientras que el cuarto año de secano podemos atribuirlo a los procesos judiciales, que no son exclusivos de nuestra Comunidad; de hecho, el resto de las Comunidades y el Estado no han paralizado la FPE, lo que hace pensar que se ha debido más a una falta de voluntad política y a un cúmulo de decisiones poco afortunadas que a una necesidad real.

    Por otro lado, la nueva realidad de la FPE se olvida de un tema sumamente importante, el papel de los agentes sociales y económicos más representativos en el sistema, si bien CCOO no va a renunciar al derecho de participación en el diseño, planificación, control, seguimiento y evaluación de la oferta formativa, siendo la  negociación colectiva y el diálogo social un instrumento de desarrollo del sistema, tal y como en su regulación aparece claramente recogido.

    Ha transcurrido un año desde que, con mucha urgencia y marcando seis meses para su desarrollo reglamentario, el Gobierno de España aprobara la Ley 30/2015, sin que a fecha de hoy haya cumplido ninguno de los plazos, y evidenciando que su nuevo modelo formativo nació con fecha de caducidad. Una nueva regulación que tiene más sombras que luces, porque aunque es pronto para realizar una evaluación prudente, la realidad es que las fallas son importantes y en 2015 sólo se han ejecutado el 80% de los fondos.

    Ahora que se han publicado las bases de convocatoria, el siguiente paso es publicar las resoluciones de convocatoria y, el gobierno andaluz, que eso sí es competencia suya, tiene que acortar los plazos porque si apura los seis meses que se establecen como límite, 2016 será otro año en blanco, otro perjuicio más para trabajadores desempleados y ocupados y para las empresas, y ya se ha perdido demasiado tiempo.

    La FPE es un derecho y como tal tiene que garantizársele a los trabajadores y trabajadoras, capacitándolos para participar en la definición de un nuevo modelo productivo y dotando al sistema de una oferta de formación pública, accesible, suficiente y que asegure la calidad de las acciones formativas. Para ello es imprescindible una financiación suficiente y la reanualización de los fondos, mejorando la eficiencia y reforzando sus órganos de gestión, partiendo de una necesaria coordinación de las administraciones, estatal y autonómica, y siempre teniendo como referente las necesidades actuales del mercado de trabajo.

    Priorizar la formación certificable que mejore los niveles de cualificación de los trabajadores, ocupados y desempleados y la acreditación de competencias adquiridas a través de la experiencia laboral, es otra de las cuestiones que CCOO considera imprescindible, siempre con un control y evaluación de su ejecución para trasparentar el sistema y hacerlo más eficaz; es preceptivo, obligatorio y una imperiosa necesidad.

                                                              Artículo de la secretaria de Formación de CCOO-A
                                                                                          Milagros Escalera
                                                                         Publicado en eldiario.es el 10/06/2016

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